El sistema gubernamental estadounidense se fundó bajo los principios del federalismo. En este sistema, se reconoce que todos los estados de la unión son soberanos; es decir que son gobiernos separados e independientes del gobierno federal. Por ser soberanos, cada estado tiene su propia constitución y carta de derechos, puede aprobar las leyes que le parezca, ejecutar las mismas, y revisarlas judicialmente; todo sujeto a los límites impuestos por la Constitución de los Estados Unidos.
Este sistema crea una situación muy particular: todos los residentes de un estado (que tengan la intención de permanecer permanentemente allí), sin importar su ciudadanía son ciudadanos de ese estado. En otras palabras, un hondureño que viva en la Florida, sin importar su estatus de inmigración, es ciudadano de la Florida.
Entonces, ¿por qué vemos que las autoridades locales (en Puerto Rico y otros estados) han establecido una política de reportarle a ICE (la "migra") que han descubierto a un extranjero presente ilegalmente en su territorio, sin que estos necesariamente hayan cometido un delito? Recordemos que le COMPETE AL GOBIERNO FEDERAL crear, ejecutar e interpretar las leyes de inmigración, por mandato de la Constitución de los Estados Unidos. En ningún lugar de la Constitución se obliga a los Estados a cooperar con los federales a identificar, detener y deportar a personas ilegalmente presentes.
Y tampoco existe una ley federal que cree dicha obligación, ya que apestaría, desde un principio, a ser inconstitucional por una variedad de razones.
Por ejemplo, varias ciudades y estados han defendido, hasta con las "uñas" y "boca arriba" las políticas de "don´t ask don´t tell" con respecto al estatus de inmigración de una persona detenida por una infracción a las leyes locales. Esto es, que cuando un policía estatal detiene a alguien, no puede preguntarle sobre su estatus de inmigración.
Virtualmente todos los estados (y Puerto Rico) tienen una disposición a nivel constitucional que lee así: "Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna la igual protección de las leyes".
Sabiendo que toda persona que resida en un estado es ciudadano del mismo, ¿no creen que choca contra los derechos constitucionales estatales de esta persona a un debido proceso de ley el que sea identificado como ilegal por las autoridades del estado y entregado a los federales para su deportación? ¿No es esta una erosión de la soberanía estatal y el sistema de poderes limitados del gobierno federal?
También esta práctica raya en una violación al derecho de la igual protección de las leyes, pues las autoridades estatales detienen, procesan y exponen a una deportación a personas por razón de ser extranjeros.
Me consta "por conocimiento y creencia" que la Policía de Puerto Rico lleva a cabo dicha práctica, y es de conocimiento general que la Rama Judicial de Puerto Rico también. Lo mas curioso de todo es que esto sale publicado en la sección que da información general sobre las bodas efectuadas ante un juez de los Tribunales de Puerto Rico. Véase aquí.
En fin, los efectos de dicha práctica se hacen sentir de muchas formas. Entre ellas, se obliga indirectamente al inmigrante a no participar libremente de la vida cultural y social local, o a asumir sus responsabilidades como ciudadano del estado en el que reside, como pagar sus impuestos, por miedo a ser descubierto y deportado. En palabras mas sencillas: se empuja al inmigrante "ilegal" a la periferia de la sociedad, a la economía subterránea, entre otras.
En cambio, el concepto de las "ciudades santuario" es una alternativa positiva y mas constructiva, en términos humanitarios y de derechos, a lo que tenemos actualmente. Además, dicha política refuerza la soberanía estatal, vis a vis previene el crecimiento desmedido del poder federal. Recuerden: todos los que vivimos en los Estados Unidos tenemos doble ciudadanía como un mecanismo de protección contra los abusos del poder concentrado. Si permitimos que no se respete la ciudadanía estatal, todos perdemos, y nuestras leyes, constituciones y derechos se convertirán en letra muerta.
Hoy buscan a los "ilegales", pero mañana podemos ser tu y yo.
Este sistema crea una situación muy particular: todos los residentes de un estado (que tengan la intención de permanecer permanentemente allí), sin importar su ciudadanía son ciudadanos de ese estado. En otras palabras, un hondureño que viva en la Florida, sin importar su estatus de inmigración, es ciudadano de la Florida.
Entonces, ¿por qué vemos que las autoridades locales (en Puerto Rico y otros estados) han establecido una política de reportarle a ICE (la "migra") que han descubierto a un extranjero presente ilegalmente en su territorio, sin que estos necesariamente hayan cometido un delito? Recordemos que le COMPETE AL GOBIERNO FEDERAL crear, ejecutar e interpretar las leyes de inmigración, por mandato de la Constitución de los Estados Unidos. En ningún lugar de la Constitución se obliga a los Estados a cooperar con los federales a identificar, detener y deportar a personas ilegalmente presentes.
Y tampoco existe una ley federal que cree dicha obligación, ya que apestaría, desde un principio, a ser inconstitucional por una variedad de razones.
Por ejemplo, varias ciudades y estados han defendido, hasta con las "uñas" y "boca arriba" las políticas de "don´t ask don´t tell" con respecto al estatus de inmigración de una persona detenida por una infracción a las leyes locales. Esto es, que cuando un policía estatal detiene a alguien, no puede preguntarle sobre su estatus de inmigración.
Virtualmente todos los estados (y Puerto Rico) tienen una disposición a nivel constitucional que lee así: "Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna la igual protección de las leyes".
Sabiendo que toda persona que resida en un estado es ciudadano del mismo, ¿no creen que choca contra los derechos constitucionales estatales de esta persona a un debido proceso de ley el que sea identificado como ilegal por las autoridades del estado y entregado a los federales para su deportación? ¿No es esta una erosión de la soberanía estatal y el sistema de poderes limitados del gobierno federal?
También esta práctica raya en una violación al derecho de la igual protección de las leyes, pues las autoridades estatales detienen, procesan y exponen a una deportación a personas por razón de ser extranjeros.
Me consta "por conocimiento y creencia" que la Policía de Puerto Rico lleva a cabo dicha práctica, y es de conocimiento general que la Rama Judicial de Puerto Rico también. Lo mas curioso de todo es que esto sale publicado en la sección que da información general sobre las bodas efectuadas ante un juez de los Tribunales de Puerto Rico. Véase aquí.
En fin, los efectos de dicha práctica se hacen sentir de muchas formas. Entre ellas, se obliga indirectamente al inmigrante a no participar libremente de la vida cultural y social local, o a asumir sus responsabilidades como ciudadano del estado en el que reside, como pagar sus impuestos, por miedo a ser descubierto y deportado. En palabras mas sencillas: se empuja al inmigrante "ilegal" a la periferia de la sociedad, a la economía subterránea, entre otras.
En cambio, el concepto de las "ciudades santuario" es una alternativa positiva y mas constructiva, en términos humanitarios y de derechos, a lo que tenemos actualmente. Además, dicha política refuerza la soberanía estatal, vis a vis previene el crecimiento desmedido del poder federal. Recuerden: todos los que vivimos en los Estados Unidos tenemos doble ciudadanía como un mecanismo de protección contra los abusos del poder concentrado. Si permitimos que no se respete la ciudadanía estatal, todos perdemos, y nuestras leyes, constituciones y derechos se convertirán en letra muerta.
Hoy buscan a los "ilegales", pero mañana podemos ser tu y yo.
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