¿Vamos a la Policía?

Un sábado en la tarde recibí una llamada desconcertante de un extranjero de nacionalidad dominicana en busca de ayuda. Este, que confesó de entrada que era indocumentado, había sido víctima de agresión y deseaba denunciar el acto a la Policía de Puerto Rico. El extranjero tenía una pregunta sencilla: “¿Me recomienda que presente la querella?”

Puede que les parezca extraño que una persona consulte esto con un abogado, pues, ¿no se supone que la Policía existe para socorrer y atender los reclamos de las víctimas del crimen? Si una persona está indocumentada en el país, este no es el caso. Son muchas las historias de horror que oyen los abogados que se dedican a la práctica de la inmigración, donde la Policía de Puerto Rico detiene e interroga a estas personas sobre si “tienen papeles”; posteriormente entregándolas al Servicio de Inmigración y Aduanas Federal, donde son puestos en procesos de deportación. En muchos de los casos, estos indocumentados son personas inocentes, cuyo único error fue ser una víctima del crimen y reportarlo a la Policía, o estar en el lugar equivocado, en el peor momento.

Esta práctica es totalmente ilegal e inconstitucional, pues los cuerpos policiacos estatales no tienen la autoridad basada en la Ley de Inmigración y Ciudadanía para verificar el estatus migratorio de una persona. Este poder está reservado para las agencias federales apropiadas y debidamente adiestradas para ello. Además con esto se socava la confianza de estas comunidades en la Policía, lo cual obstaculiza la labor ministerial de este cuerpo en investigar y prevenir la comisión de delitos. Ya es hora de ponerle a un alto a esta práctica tan siniestra y contraproducente.

Recuerdo haberle dicho: “No le recomiendo que vaya al cuartel, pero si va, lleve a un abogado”.